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EFE
La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) de México anuló este miércoles por deficiencias en el proceso las penas de cárcel impuestas a una veintena de condenados por la matanza de 45 indígenas tzotziles ocurrida en Acteal, en el sureño estado de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
La decisión implica que los reos, que llevaban varios años en la cárcel, saldrán próximamente de la prisión federal de El Amate, en la ciudad chiapaneca de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal y a unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
"No hay mayor impunidad que privar de la libertad a las personas sin causa justa y no podemos condenar a quien no se ha demostrado su culpabilidad", dijo el magistrado Juan Silva Meza.
La Sala Primera de la SCJN celebró el miércoles una sesión en la que, por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, optó por declarar nulas las sentencias, lo que deja en libertad a algunas personas que llevan más de once años tras las rejas.
La magistrada Olga Sánchez Cordero pidió que "de manera inmediata se ponga en libertad" a los hasta hoy condenados por delitos relacionados con la masacre.
Repetición de juicios
Pese al anuncio, el Supremo deja aún en el aire el destino de otros 32 encarcelados, cuyos recursos dependen del magistrado, y obliga a la repetición del juicio de 9 sentenciados más, dijo Javier Angulo, abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que impulsó las excarcelaciones.
La matanza en Acteal de 45 indígenas pertenecientes a la comunidad religiosa 'Las Abejas' cuando estaban orando, una gran mayoría de ellos mujeres y niños, conmovió en su momento a México y a la opinión pública internacional por la forma en que fue realizada y porque ocurrió en la zona donde se desarrolla el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por otro grupo vinculado con grupos paramilitares.
Críticas a la instrucción penal
Las detenciones comenzaron poco después, aunque decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006, y más de setenta condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por la justicia federal en un proceso que fue considerado endeble en su investigación e instrucción penal.
La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el inductor de la masacre. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para muchas organizaciones no gubernamentales, aquellos hechos constituyeron un "crimen de Estado" del que acusan como responsables últimos a Ruiz Ferro y al ex presidente Ernesto Zedillo, el último presidente del PRI, partido que gobernó México de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH, defensoría del pueblo), José Luis Soberanes, dijo el martes que los condenados por la matanza de Acteal "fueron injustamente acusados" y pidió su puesta en libertad.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) consideró sobre la base de los testimonios aportados que los condenados eran culpables, y sostuvo que liberarlos dejaba "en la impunidad" un "crimen de lesa humanidad".
La decisión implica que los reos, que llevaban varios años en la cárcel, saldrán próximamente de la prisión federal de El Amate, en la ciudad chiapaneca de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal y a unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
"No hay mayor impunidad que privar de la libertad a las personas sin causa justa y no podemos condenar a quien no se ha demostrado su culpabilidad", dijo el magistrado Juan Silva Meza.
La Sala Primera de la SCJN celebró el miércoles una sesión en la que, por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, optó por declarar nulas las sentencias, lo que deja en libertad a algunas personas que llevan más de once años tras las rejas.
La magistrada Olga Sánchez Cordero pidió que "de manera inmediata se ponga en libertad" a los hasta hoy condenados por delitos relacionados con la masacre.
Repetición de juicios
Pese al anuncio, el Supremo deja aún en el aire el destino de otros 32 encarcelados, cuyos recursos dependen del magistrado, y obliga a la repetición del juicio de 9 sentenciados más, dijo Javier Angulo, abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que impulsó las excarcelaciones.
La matanza en Acteal de 45 indígenas pertenecientes a la comunidad religiosa 'Las Abejas' cuando estaban orando, una gran mayoría de ellos mujeres y niños, conmovió en su momento a México y a la opinión pública internacional por la forma en que fue realizada y porque ocurrió en la zona donde se desarrolla el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por otro grupo vinculado con grupos paramilitares.
Críticas a la instrucción penal
Las detenciones comenzaron poco después, aunque decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006, y más de setenta condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por la justicia federal en un proceso que fue considerado endeble en su investigación e instrucción penal.
La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el inductor de la masacre. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para muchas organizaciones no gubernamentales, aquellos hechos constituyeron un "crimen de Estado" del que acusan como responsables últimos a Ruiz Ferro y al ex presidente Ernesto Zedillo, el último presidente del PRI, partido que gobernó México de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH, defensoría del pueblo), José Luis Soberanes, dijo el martes que los condenados por la matanza de Acteal "fueron injustamente acusados" y pidió su puesta en libertad.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) consideró sobre la base de los testimonios aportados que los condenados eran culpables, y sostuvo que liberarlos dejaba "en la impunidad" un "crimen de lesa humanidad".
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