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La crisis y los reproches de laicismo radical frenan la reforma religiosa
JUAN G. BEDOYA - Madrid - 06/06/2010
El Gobierno socialista se atiene al consejo jesuítico de no hacer mudanzas en tiempos de tribulación. Con la emergencia económica pisándole los talones, ese es el contexto en que se produce el primer encuentro oficial del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el papa Benedicto XVI. La cita es el próximo jueves en el despacho del pontífice en el Vaticano, a media mañana, y no se prolongará más allá de 35 minutos, según fuentes de la Moncloa. El presidente español se entrevistará más tarde con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Tacisio Bertone, y con el responsable de los asuntos exteriores papales, el arzobispo Dominique Mamberti.
Acusado por los dirigentes católicos de plantear reformas laicistas radicales -el cardenal Julián Herranz, entonces miembro de la Curia romana, lo tachó incluso de "fundamentalista laicista"-, Rodríguez Zapatero ha sido motivo de preocupación en estos años entre la jerarquía del catolicismo. Los esfuerzos del Vaticano no sólo se han dirigido a neutralizarlo en España, sino a impedir que un supuesto modelo laicista español se extendiese a otros países. Mediada su segunda legislatura en el poder, las reformas anunciadas por el Ejecutivo socialista están por llegar o se han dulcificado por el camino.
Si nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que un gobierno ejerza de recaudador de impuestos para una religión concreta, el español está muy lejos de ser lo que se pretende desde el Ejecutivo. El Gobierno ha mejorado incluso el sistema de financiación pública a la Iglesia católica, como ningún otro Gobierno anterior, aceptando además la renuncia de los obispos a cumplir algún día su promesa de autofinanciación. También ha mantenido otros muchos privilegios eclesiásticos, como la oferta obligatoria de clases de catolicismo en todos los centros de enseñanza, con un profesorado elegido por los obispos y pagado por el Estado, y ha permitido la adaptación al ideario de cada centro -es decir, a gusto de los obispos-, de la muy polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. Tampoco ha concretado en estos seis años la frecuentemente anunciada reforma de la llamada ley de Libertad Religiosa, cumplidos sus tres décadas de vigencia.
Pese a todo, los obispos españoles y el Vaticano mantienen intacta su presión contra Zapatero, incluso por reformas que la mayoría de los países occidentales hicieron hace décadas, como la despenalización del aborto voluntario. Para ello, el Papa no ha dejado de mimar a su iglesia en España, con gestos como llamar a Roma como ministro de la Congregación para el Culto Divino al cardenal Antonio Cañizares, hasta entonces primado de Toledo. También ha programado dos próximas visitas pastorales, a Santiago y a Barcelona el próximo noviembre, y a Madrid para resalzar la Jornada Mundial de la Juventud, en el verano de 2011.
JUAN G. BEDOYA - Madrid - 06/06/2010
El Gobierno socialista se atiene al consejo jesuítico de no hacer mudanzas en tiempos de tribulación. Con la emergencia económica pisándole los talones, ese es el contexto en que se produce el primer encuentro oficial del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el papa Benedicto XVI. La cita es el próximo jueves en el despacho del pontífice en el Vaticano, a media mañana, y no se prolongará más allá de 35 minutos, según fuentes de la Moncloa. El presidente español se entrevistará más tarde con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Tacisio Bertone, y con el responsable de los asuntos exteriores papales, el arzobispo Dominique Mamberti.
Acusado por los dirigentes católicos de plantear reformas laicistas radicales -el cardenal Julián Herranz, entonces miembro de la Curia romana, lo tachó incluso de "fundamentalista laicista"-, Rodríguez Zapatero ha sido motivo de preocupación en estos años entre la jerarquía del catolicismo. Los esfuerzos del Vaticano no sólo se han dirigido a neutralizarlo en España, sino a impedir que un supuesto modelo laicista español se extendiese a otros países. Mediada su segunda legislatura en el poder, las reformas anunciadas por el Ejecutivo socialista están por llegar o se han dulcificado por el camino.
Si nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que un gobierno ejerza de recaudador de impuestos para una religión concreta, el español está muy lejos de ser lo que se pretende desde el Ejecutivo. El Gobierno ha mejorado incluso el sistema de financiación pública a la Iglesia católica, como ningún otro Gobierno anterior, aceptando además la renuncia de los obispos a cumplir algún día su promesa de autofinanciación. También ha mantenido otros muchos privilegios eclesiásticos, como la oferta obligatoria de clases de catolicismo en todos los centros de enseñanza, con un profesorado elegido por los obispos y pagado por el Estado, y ha permitido la adaptación al ideario de cada centro -es decir, a gusto de los obispos-, de la muy polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. Tampoco ha concretado en estos seis años la frecuentemente anunciada reforma de la llamada ley de Libertad Religiosa, cumplidos sus tres décadas de vigencia.
Pese a todo, los obispos españoles y el Vaticano mantienen intacta su presión contra Zapatero, incluso por reformas que la mayoría de los países occidentales hicieron hace décadas, como la despenalización del aborto voluntario. Para ello, el Papa no ha dejado de mimar a su iglesia en España, con gestos como llamar a Roma como ministro de la Congregación para el Culto Divino al cardenal Antonio Cañizares, hasta entonces primado de Toledo. También ha programado dos próximas visitas pastorales, a Santiago y a Barcelona el próximo noviembre, y a Madrid para resalzar la Jornada Mundial de la Juventud, en el verano de 2011.
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