90 años de ley de silencio bajo amenaza de excomunión

MIGUEL MORA - Roma

El texto de referencia en vigor para manejar los crímenes de "incitación a las cosas turbias", según los llamaba el Código Canónico de 1917, fue publicado por el Vaticano en 1922, a través de una instrucción especial y completamente secreta, firmada por Pío XI y titulada Crimen sollicitationis (delitos de insinuación). El documento imponía un "vínculo absoluto de secreto" tanto para las causas abiertas como para lo relativo al propio documento. Los imputados, pero también las víctimas y los testigos, se arriesgaban a la excomunión si hablaban, y las actas debían ser destruidas.

40 años más tarde, en 1962, el cardenal Alfredo Ottaviani revisó aquel texto y años después, el Vaticano renovó el Código de Derecho Canónico en 1983, y el de las Iglesias Orientales en 1990. Como consecuencia, la Congregación para la Doctrina de la Fe actualizó y revisó parcialmente en 2001 la Crimen sollicitationis con una carta secreta firmada por Joseph Ratzinger, prefecto, y Tarcisio Bertone, secretario. La carta se subtitulaba De delictis gravioribus (Sobre los delitos más graves), y pese a las dulces versiones ofrecidas estos días por los asediados jerarcas vaticanos, se reafirmaron en las viejas intenciones del legislador católico respecto a la pederastia y el sexo célibe, con una salvedad: establecía que los 10 años para la prescripción empezaran a contar una vez que el menor abusado cumpla 18 años.
No denunciar
La misiva ordenaba a los obispos trasladar los casos a la Congregación, pero no endureció las penas contra la pederastia, ni animó a los obispos a denunciar en la justicia ordinaria. Según fuentes vaticanas que asistieron a la redacción de la carta, el papa Wojtila no permitió a Ratzinger ir más allá. Seguía rigiendo, por tanto, el Código Canónico, con distintas penas según la gravedad del delito: "Suspensión temporal, prohibición, privación y, en los más graves, terminación del estado clerical".
Pero en la Iglesia cuentan los usos y costumbres. La Santa Sede siempre ha sostenido que un obispo no debía denunciar a la justicia civil a un sacerdote que haya admitido un crimen de pedofilia. La fórmula se conoce como la doctrina Bertone. Y fue teorizada en 2001 por el actual número dos del Vaticano en una entrevista a la revista católica 30 Giorni. "No excluyo que en algunos casos pueda darse una forma de colaboración entre la autoridad eclesial y la magistratura", declaraba Bertone. "Pero no tiene fundamento que un obispo, por ejemplo, sea obligado a ir a la magistratura civil para denunciar al sacerdote".

Vaya problema que tiene el clero con el sexo, el cáncer está generalizado en todo el orbe católico. Lo peror es que todo esto ha ocurrido con el silencio complice de las jerarquias.

No me vale con que pidan perdón tienen que pagar con lo que han hecho, echándolos de la iglesia y pagando civilmente por el delito cometido como cada hijo de vecino. Creo que está en juego el buen nombre de la iglesia católica que esta muy deteriorado. Tienen fama de corruptos desde la reforma protestante allá por el siglo XVI.

Como pueden enarbolar la bandera de la lucha contra el aborto y rasgarse las vestiduras y sin embargo CALLAR, meter la basura bajo la alfombra, o como el avestruz meter la cabeza en un agujero, es indígnate, sángrate , que a lo largo de estos años sigan sosteniendo la bandera de la moralidad, hablan de los pobres, y el papa, usa zapatos hechos a la medida que cuestan 3000 euros el par, basta ya, de engaños, quitémonos la venda de los ojos, no piensan echar a nadie de la iglesia, entre ellos se los guisan y entre ellos se lo comen, y el porqué de todo esto, pues es muy sencillo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, a ver quien le pone el cascabel al gato.